Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

Unos 30 residentes de Utuado y Arecibo radicaron ayer una demanda en el Centro Judicial de San Juan solicitando que se elimine la orden ejecutiva que declaró una emergencia energética y se anule la construcción del gasoducto.

Los vecinos, que son representados por abogados de Servicios Legales de Puerto Rico y por la sección ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, entablaron su demanda contra el gobernador Luis Fortuño, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Planificación, la

Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Justicia.

La licenciada Hadassa Santini indicó que en la demanda, además, se solicita que se declaren nulas sendas resoluciones aprobadas por Planificación y Calidad Ambiental para establecer procedimientos expeditos para tramitar el gasoducto y otros proyectos energéticos, alejándose de la Ley 416 de Política Pública Ambiental.

El licenciado Pedro Saadé agregó que, debido a su dimensión y el tiempo proyectado para su construcción y operación, el gasoducto queda excluido de los proyectos de emergencia que puedan incluirse bajo la Ley 76 de 2000 y la mencionada orden ejecutiva.

“Este proyecto no atiende ninguna catástrofe”, manifestó Saadé.

Los letrados agregaron que desde junio pasado, un mes antes de que el Gobernador firmara la orden ejecutiva, personal representando a la AEE ha “acosado constantemente” a los vecinos pidiéndoles que firmen un “acuerdo” para entrar a sus residencias. El propósito, alegaron, es ganar acceso para iniciar los trámites de expropiación y realizar estudios que debieron estar listos cuando se radicó -el mes pasado- la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar (DIA-P) del gasoducto.

“Es ilegal que una persona reciba una carta hablando de un proyecto que surgió de una emergencia declarada un mes después”, sentenció Santini.

Los abogados mostraron copia de una carta del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos en la que detallan que la DIA-P falla en documentar y evaluar el impacto del gasoducto sobre especies en peligro de extinción, endémicas como el coquí llanero y la cotorra puertorriqueña, bosques, la zona cársica y cuerpos de agua, entre otros.

El pasado 15 de octubre, el Partido Popular Democrático presentó otra demanda para detener el gasoducto.

¿Qué dicen los vecinos?

En la sentencia declaratoria e ‘injunction’ preliminar y permanente solicitados, los demandantes expresan:

Que sus propiedades serán afectadas por la construcción del gasoducto.

Que desde que se anunció la obra padecen de tensión y ansiedad.

Que un helicóptero de la AEE sobrevuela a baja altura sobre sus fincas, provocando pérdidas en las cosechas de café de las cuales dependen.

Que desde el mismo helicóptero han lanzado cables a una finca.

Que el personal contratado por la AEE no les explica el alcance del proyecto y de los documentos que les presentan y/o requieren.

Que el Cuerpo de Ingenieros necesitaría al menos seis meses para evaluar y decidir sobre el gasoducto, por lo que su construcción no empezaría hasta mediados del 2011